El caos de Ceuta
Desde el asalto del 30 y 31 de julio de 2026, Ceuta afronta una crisis estructural que expone fallos graves del Gobierno de Pedro Sánchez. Lo que empezó como una entrada irregular sin precedentes —entre 60.000 y más de 80.000 personas cruzando desde Marruecos a nado por el Tarajal y por tierra en poco más de 24 horas, superando la población de unos 83.000 habitantes— se ha convertido en un problema persistente de seguridad, servicios colapsados, tensión social y cuestionamiento de la soberanía. Hubo un centenar de muertos por ahogamiento y la ciudad quedó ocupada. Tres semanas después, el desastre continúa.

Faltó respuesta preventiva. Semanas antes aumentaron las llegadas a nado, alentadas por una sentencia del Supremo que limitaba las devoluciones en caliente. Las mafias difundieron que el cruce garantizaba permanencia. Las advertencias policiales y de la ciudad no generaron refuerzos ni reforma legislativa. El 30 de julio Marruecos empujó a la gente; el Gobierno desplegó el Ejército con retraso y rechazó la emergencia nacional pedida por Juan Jesús Vivas, dejando a Ceuta sin mando único.

La tragedia humana es central: decenas de cuerpos recuperados, responsabilidad compartida por no disuadir. El CETI, con capacidad para poco más de 500, quedó desbordado; miles se concentraron en playas y asentamientos. El sistema de menores superó el 1.600 % de ocupación; más de 2.000 identificados frente a un centenar de plazas. Traslados parciales y carpas han sido lentos y politizados, dejando a miles en limbo y alimentando tráfico interno. Sanidad saturada, riesgos de contagios y sarna.

La seguridad ciudadana se ha deteriorado: intentos de asalto a comercios, temor a ocupaciones y sensación de desprotección que afecta a todos, incluidos los musulmanes. Las fuerzas enviadas viven en condiciones precarias, con hacinamiento y moral baja. Diplomáticamente, Sánchez insiste en la cooperación y la vuelta voluntaria, pero unos 10.000 siguen en la ciudad; Marruecos no colabora y usa la migración como presión. Europa ofreció ayuda; el Gobierno no la pidió. No se reformó la Ley de Extranjería. El impacto social y económico es profundo en una ciudad dependiente del comercio y el turismo. Se subestimaron alertas, se respondió tarde, se rechazó ayuda externa y no hay estrategia estructural. El control no se ha recuperado del todo y el riesgo de repetición permanece.

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