Entre 2020 y 2025, la delincuencia adolescente en Chile aumentó un 114%. La urgencia es real y el Gobierno ya anunció una reforma para juzgar a menores de 16 y 17 años bajo el régimen de adultos ante delitos gravísimos. Sin embargo, endurecer las penas corre el riesgo de quedarse en algo simbólico si no se mejora la investigación y la persecución penal. Sin certeza de castigo, no hay disuasión real.

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