La polémica crece alrededor de la auditoría informática de las Elecciones Generales 2026. Aunque la ONPE defendió públicamente a M&T International, una resolución de la OSCE revela que la empresa fue sancionada en 2016 con 11 meses de inhabilitación por presentar información inexacta.

Además, una investigación puso en duda la existencia de oficinas físicas reales de la consultora en Perú y Chile. Pese a ello, la empresa detectó más de 6 mil hallazgos en los sistemas de la ONPE y continuará auditando la segunda vuelta electoral tras la ampliación de su contrato.

Mientras tanto, el JNE anunció una auditoría informática integral independiente en medio de la tensión institucional y las dudas sobre la transparencia del proceso electoral.

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